Casi 30 años después de que una unidad de élite de las fuerzas armadas guatemaltecas fuese acusada de violar y asesinar a los residentes de un pueblito, las autoridades de Canadá y Estados Unidos les están cerrando el cerco a algunos de los presuntos autores de la masacre.

El arresto de cuatro ex soldados en poco más de un año ha alentado las esperanzas entre los familiares de las víctimas de que finalmente al menos uno de ellos pueda serjuzgado.

Dirigentes de los derechos humanos creen que quien más posibilidades tiene de ser condenado es Jorge Sosa Orantes, detenido en enero en Canadá tras ser acusado en EEUU de mentir en su solicitud de ciudadanía en torno a sus lazos con los militares guatemaltecos.

Sosa ha sido acusado de violar ciertas normas del servicio de inmigración, no de la matanza de 1982 en el pueblo Dos Erres. Defensores de los derechos humanos de Canadá, donde está detenido, presionan a su gobierno para que lo juzgue por crímenes de lesa humanidad, aduciendo que el caso está estancado en los tribunales guatemaltecos.

``Esto es un asunto de competencia mundial'', sostuvo Aura Elena Farfán, directora de la Asociación de Parientes de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala. ``EEUU, Canadá, España y otras naciones son países democráticos donde hay verdadera justicia. Eso es una gran ventaja, a diferencia de lo que ocurre aquí, donde hay interferencias políticas''.

En diciembre de 1982, miembros de una unidad militar de elite conocida como los ``kaibiles'' irrumpió en Dos Erres en busca de armas robadas y mató a hombres, mujeres y niños. Los soldados aporrearon a los aldeanos con un mazo y los tiraron a un aljibe. A mujeres y niñas las violaron antes de matarlas, según documentos judiciales.

Los kaibiles buscaban a guerrilleros que trataban de derrocar al gobierno.

En la guerra civil de Guatemala, que concluyó en 1996, murieron al menos 200,000 personas. El ejército fue responsable de la mayoría de las muertes, según una comisión de la verdad que investigó el baño de sangre.

El gobierno guatemalteco inició una investigación de la masacre de Dos Erres en 1994 y desenterró 162 esqueletos. Las autoridades ordenaron el arresto de 17 ex kaibiles, pero el proceso lleva años en los tribunales sin que se resuelva nada, por lo que los familiares de las víctimas acudieron a cortes del exterior.

En España, Rigoberta Menchú, la líder indígena que ganó el premio Nobel de la Paz en 1992, radicó una demanda acusando a algunos funcionarios guatemaltecos de terrorismo, genocidio y tortura. En la demanda se incluyó también la masacre de Dos Erres.

Familiares de las víctimas llevaron sus casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, la cual ordenó investigar y juzgar a los presuntos responsables de la masacre, y sancionar a quienes pusiesen obstáculos en el proceso.

Desde entonces fueron arrestados tres kaibiles en Guatemala, pero la mayoría siguen libres, según Farfán.

Dirigentes abocados a la defensa de los derechos humanos esperan que el hecho de que los tribunales de Estados Unidos hayan tomado cartas en el asunto ayude a movilizar a las autoridades guatemaltecas, por más que lo único que se ha hecho por ahora es acusar a Sosa y otros tres soldados de violar las leyes de inmigración.